Observatorio Municipal para la transición hacia la Economía Circular de Andalucía

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FAMP organiza una jornada sobre la Ley de residuos y suelos contaminados y sus implicaciones en la gestión local

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha organizado este martes una webinar informativa sobre la nueva Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular que ha sido impartida por Luis Enrique Mecati Granado, subdirector de Economía Circular, Salud y Biodiversidad de la FEMP. Esta ley tiene por objeto sentar los principios de la economía circular a través de la legislación básica en materia de residuos, así como contribuir a la lucha contra el cambio climático y proteger el medio marino, contribuyendo así al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos en la Agenda 2030 y en particular a los objetivos 12 –producción y consumo sostenibles–, 13 –acción por el clima- y 14 –vida submarina–. 

La nueva Ley de residuos incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, reforzando aún más la aplicación del principio de jerarquía mediante la obligatoriedad del uso de instrumentos económicos, fortaleciendo la prevención de residuos incluyendo medidas para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible relativos al desperdicio alimentario y a las basuras marinas, incrementando a medio y largo plazo los objetivos de preparación para la reutilización y reciclado de los residuos municipales y estableciendo la obligatoriedad de nuevas recogidas separadas, entre otros, para los biorresiduos, los residuos textiles y los residuos domésticos peligrosos.

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha recordado que la Unión Europea tiene como objetivo que, en 2025, los estados reciclen el 55% de los residuos urbanos; pero ya en 2035, el reto se ha fijado en que no se envíe al vertedero más del 10% de estos residuos. En este aspecto, ha advertido que, para cumplir con estos objetivos, “a todas las administraciones locales se les exigirá un gran esfuerzo para mejorar la prestación de los servicios de recogida selectiva y reciclaje de las diferentes fracciones de residuos; y aún queda mucho trabajo por hacer”.

Rodríguez Villalobos adelantó que, según el último dato de Eurostat (2018), en España sólo se recicla el 37% del total de residuos municipales generados. Y este “resultado tan alejado de los objetivos europeos” explica esta nueva Ley que cuenta con un desarrollo normativo que “tiene por objeto sentar los principios de la economía circular a través de la legislación básica en materia de residuos”, así como contribuir a la lucha contra el cambio climático y proteger el medio marino. Para ello “se establece la obligatoriedad de nuevas recogidas separadas, entre otros, para los biorresiduos, los residuos textiles y los residuos domésticos peligrosos. Finalmente, afirmó que “las entidades locales tienen que ser actores de esa revolución verde en la gestión de estos residuos”.

La secretaria general de la FAMP, Teresa Muela Tudela, ha destacado el papel del “Consejo Andaluz de Gobiernos Locales y del Consejo Andaluz de Concertación Local en la elaboración del Proyecto de Ley de Economía Circular para Andalucía.” También ha subrayado el papel de la Federación “en el marco de la innovación pública”, destacando su participación en dos grandes proyectos como son el Comité Green Deal y el Observatorio Municipal de Economía Circular de Andalucía (OMECA).

Por su parte, Mecati Granado destacó que “la Ley va a suponer un incremento de gasto importante en la gestión de los residuos de competencia municipal. La memoria de la Ley establece que, para alcanzar los objetivos previstos de la Unión Europea de aquí a 2035 en la gestión de los residuos municipales, será necesaria una inversión de 2.459 millones de euros, de los que 1.165 deben ir dirigidos a la recogida y 397 a tratamiento de los residuos. La mayor parte de este gasto corresponderá al as Entidades Locales”.

De igual manera, aseguró que a estas cantidades “hay que añadir el incremento del gasto corriente, que se cifra en 400 millones anuales, según un estudio que realizó la FEMP en 2015, para ver el coste de cumplir los objetivos del año 2020 en materia de reciclado.” Abundó que, con esta nueva Ley, las entidades locales deberán establecer la recogida separada de una serie de fracciones de residuos de competencia local, destacando de forma especial los Biorresiduos de origen doméstico, que deben recoger separadamente antes del 30 de junio de 2022 para los ayuntamientos con población superior a 5.000 habitantes., y antes del 31 de diciembre de 2023 para el resto.

De igual manera, resaltó que, entre los modelos de recogida, “la Ley prioriza los modelos de recogida más eficientes, como la puerta a puerta y el uso de contenedores cerrados o inteligentes”. En materia tributaria, ha destacado, que se “establece de una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria en el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de esta normativa,  que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluidos la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, las campañas de concienciación y comunicación, así como los ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de la venta de materiales y de energía”.

Finalmente, Mecati Granado ha explicado el establecimiento en la Ley de un “nuevo impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos como un tributo de carácter indirecto” que recae sobre la entrega de residuos en vertederos, instalaciones de incineración para su eliminación o valorización indirecta.