La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha celebrado este martes en la Diputación de Granada una jornada en la que se ha presentado la guía
técnica para los ayuntamientos y entidades locales de Andalucía con la finalidad de que elaboren e implementen la tasa por el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos, que, “si nada cambia, será obligatoria desde mediados de abril de 2025, de ahí la difusión y el conocimiento de esta guía para tener la mayor seguridad jurídica”. Esta guía, pionera en España, ha sido elaborada por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla (US), Juan Antonio Carrillo y recoge “las dificultades que tiene la regulación de esta tasa y las soluciones que se proponen”, entre otros aspectos.
El presidente de la FAMP y alcalde de Córdoba, José María Bellido, la presentó el pasado 11 de noviembre “comprometiéndose a celebrar dos sesiones formativas para los ayuntamientos con el objetivo de explicar la Guía y aclarar las cuestiones que su desarrollo pueda generar. Este martes se ha celebrado la primera de ellas; y la segunda, tendrá lugar en Sevilla el próximo jueves 5 de diciembre.
La jornada de trabajo ha sido inaugurada por el presidente de la Comisión de Movilidad, Accesibilidad, Transporte e Infraestructuras de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y mandatario de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez y la presidenta de la Comisión de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Pesca de la FAMP y alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez. A esta reunión han asistido alcaldes y técnicos de las provincias de Granada, Almería, Jaén, Málaga y Córdoba.
Rodríguez se ha referido, a que los consistorios comparten los objetivos de la directiva europea en materia de Medio Ambiente y “encaminan sus decisiones a cumplirlos, pero mantienen sus dudas respecto al cobro de una tasa, por lo que esta jornada es muy importante para despejar tantas dudas”.
Por su parte Vázquez ha dicho “surgió de la necesidad que tenemos muchas entidades andaluzas de disponer de un apoyo técnico y jurídico para afrontar la implantación de esta tasa” que viene impuesta por la Ley estatal 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y las novedades que exige haciéndose eco de los objetivos de la Directiva de residuos de la Unión Europea. Esta normativa pretende conseguir una importante reducción de residuos derivados del sistema de producción y consumo, así como una eficaz recuperación de estos y de su reutilización en aras a potenciar al máximo su vuelta al ciclo productivo que pregona la economía circular.
La alcaldesa de Almería ha recordado que las entidades locales “tienen atribuida la competencia de recogida y tratamiento de residuos y, por tanto, son responsables de que la gestión de este servicio se preste eficazmente y sin que su coste sea deficitario”. En este sentido, ha abundado en la “necesaria colaboración público privada en la gestión de los residuos, porque el principio de “quién contamina paga”, es la piedra angular del marco regulatorio, lo que nos obliga a asegurarnos que los productores de los futuros residuos financien el coste real que la recogida separada y tratamiento de éstos supongan para el servicio, de forma que los ciudadanos/usuarios no tengan que sufragarlo doblemente, esto es: pagando el punto verde al comprar el producto y además con sus impuestos”.
En esa línea, ha argumentado que, desde la FAMP y la Junta de Andalucía “estamos negociando actualmente” con los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAPs) “los nuevos convenios marco de gestión de residuos al amparo de la nueva normativa, de forma que incluyan una financiación adecuada de los costes reales que conlleva la gestión del servicio de recogida y tratamiento de residuos por las entidades locales”. Vázquez ha afirmado que desde FAMP se aboga por que “este impuesto tenga un carácter finalista” y que su recaudación se gestione por las entidades municipales”, destinándose a la inversión en mejoras para la recuperación de los residuos con la mirada puesta en una economía circular plena.
Vázquez ha advertido que “los ayuntamientos son conscientes” que la nueva tasa de residuos “que hoy presentamos, va a tener un impacto en el ciudadano, tanto económicamente como en sus hábitos de reciclaje, y la misma tasa contempla que parte de lo recaudado se destine a campañas de sensibilización y comunicación” dirigidas a aquél con el objetivo de concienciarlo en que la gestión de los residuos si no se hace adecuadamente tiene un coste al que tenemos que hacer frente el conjunto de la sociedad.
Finamente, ha apostado por “un consumo responsable que no genere más residuos de los necesarios, y que nos responsabilicemos que esos residuos acaben en el contenedor que corresponde, para evitar un sobrecoste en su recogida y tratamiento, consiguiendo alcanzar unos objetivos de reciclaje que nos permitan a medio plazo manifestar que con nuestros hábitos estamos participando activamente en un medio ambiente más sostenible”.
